Los partidarios del juego online en EEUU tienen un nuevo aliado en su lucha contra el Holding Las Vegas Sand y su presidente Sheldon Adelson. MGM International, así como otras importantes empresas, han decidido crear la CCOP (Coalition for Consumer and Online Protection), una organización que tiene como objetivo defender el derecho de los usuarios a disponer de una modalidad de juego online, y que por tanto, se opone frontalmente a la prohibición de los juegos de azar en Internet, que encabeza el multimillonario Adelson.
A pesar de que en Estados como Nevada, New Jersey o Delawere se ha conseguido legalizar y regularizar las apuestas y el juego online, este tipo de actividades viene padeciendo el ataque de algunos de los mayores magnates de la industria del juego presencial, quienes tratan de reducir la operatividad de los juegos online, para que únicamente se puedan desarrollar en locales especializados y no en el domicilio de los usuarios.
Según lo publicado en la web de CCOP, la organización afirma que «al ilegalizar las apuestas online, el Congreso estaría fomentando el acceso al mercado negro del juego online, el cual, no garantizaría la protección necesaria para el usuario, además de violar gravemente los derechos de los Estados y la libertad en Internet«.
En este sentido, CCOP también ha afirmado que «en estos momentos, se está iniciando una campaña de publicidad online para luchar contra esta prohibición de los juegos de azar online, la cual, centrará su foco de atención en Washington DC, aunque también prestará cobertura a Nevada, donde el juego online está más extendido«.
A este respecto, la propia CCOP ha decidido llevar a cabo una encuesta en Internet sobre el juego online. El estudio, que se realizó a finales de enero, afirmaba que el 57% de los 1.000 encuestados, se oponían totalmente a que el Congreso decidiera prohibir cualquier modalidad de juego online en todo el país, frente al 37% que sí apoyaban dicha prohibición.
En este sentido, la misma encuesta revelaba que el 74% de los participantes creía que cada Estado debía ser quien decidiese sobre si era conveniente legalizar o ilegalizar el juego online, mientras que sólo el 22% pensaba que debía ser el Congreso, quien tomara esta decisión a nivel nacional.