Tras 4 años de la aprobación de la ley que permitió regular el juego en Bolivia, únicamente dos empresas, Curucusí Games SRL y Max Entertainment SRL, se encuentran legalmente establecidas y con licencia para operar como casas de apuestas en el país. Sin embargo, el volumen de locales que operan de forma clandestina se ha descontrolado, emergiendo de forma masiva a lo largo del país.
El problema de esta masificación del juego ilegal está directamente vinculado con la ley que regular el sector y que fue aprobada el 25 de noviembre de 2010, creando además lo que finalmente sería la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ).
Dicha normativa creó dos impuestos de ámbito nacional, el primero, un impuesto general al juego con un gravamen del 30%, y el segundo, un impuesto sobre la participación en juegos con un gravamen del 15%. De este modo, con la aprobación de ambos impuestos, el Gobierno de Bolivia pretendía recaudar unos 200 millones de pesos bolivarianos al año (unos 21 millones de euros).
El impuesto general al juego es aplicado a quienes organizan juegos de azar y sorteos, mientras que el impuesto a la participación en juegos se grava directamente a los jugadores. De acuerdo con la ley, el tributo a los jugadores se distribuirá en un 70% para el Tesoro General de la Nación (TGN), 15% al gobierno departamental y 15% al gobierno municipal.
En este contexto, las empresas que operaban en el país antes de la aprobación de la ley, decidieron no adecuarse a la normativa, optando directamente por cerrar y crear un operador alternativo que realizara sus actividades de forma ilegal. Este fue el caso de empresas tan conocidas en el país sudamericano como Bingo Bahití, Corhat Bolivia, Arte&Juegos, Money Track o Dorado.
Erick Peña Eishner, portavoz del grupo Curucusí Games SRL, quien recientemente inauguró el Casino Flamingo en Santa Cruz, declaró que «la apertura de esta casa de juegos marca el inicio de una nueva era para los juegos de azar en Bolivia. Nosotros queremos apostar por Bolivia, porque consideramos que nuestras inversiones están garantizadas por la normativa, y que el gobierno hará todo lo posible para desmantelar las redes clandestinas que operan al margen de la ley«.