La Comisión de Economía creada por el Congreso de Guatemala ha decidido finalmente dar luz verde a la iniciativa que pretende regular las apuestas, los casinos, las videoloterías, los bingos y los juegos de azar en el país centroamericano, con el objetivo de incrementar y modernizar los escasos y obsoletos controles que existen actualmente.
En este caso, la propuesta de ley crearía un órgano de control y otro de administración.
El primero, se denominaría Comisión Nacional de Juegos de Azar, y estaría integrado por miembros del Ministerio de Economía (MINECO), de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), de la Superintendencia de Bancos y del Instituto Guatemalteco de Turismo.
El segundo órgano, el de administración, se denominaría Superintendencia de Juegos de Azar, y se trataría de una entidad de nueva creación y descentralizada, cuyas responsabilidades se destinarían al desarrollo y la fiscalización de este tipo de actividades, es decir, investigaría el trámite de licencias sobre empleados, personal de apuestas y juegos de azar, además de supervisar la correcta aplicación de actos administrativos y judiciales que tuvieran como objetivo garantizar la recaudación de todos los ingresos, licencias o multas, entre otros.
La iniciativa 4294, denominada Ley de Regulación de Apuestas, Casinos, Videoloterías, Bingos y Juegos de Azar prevé también la creación de un impuesto específico, el cual, iría desde los 800 hasta los 3.500 dólares, en función de los beneficios obtenidos por los proveedores de dichos servicios. En este sentido, también se prevé que aquellos jugadores que acudan a los centros de juego autorizados y obtengan beneficios, también estén obligados a pagar impuestos.
El proyecto de ley también incluirá un artículo referido a la lucha contra el blanqueo de capitales a través del juego, donde se especifica que la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos se erigirá como la responsable de hacer cumplir las disposiciones redactadas en la ley, al respecto de este asunto.
Por último, mencionar que de aprobarse finalmente la ley, quedará prohibido el acceso y uso de estos centros de juego, a todas aquellas personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o las drogas, quienes porten armas blancas o de fuego, miembros de las fuerzas de seguridad que se encuentren de servicio (a excepción de que se encuentren en el cumplimiento de una misión), y por supuesto, a los menores de edad.