La NCSL (Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de EEUU), ha querido expresar su oposición a un proyecto de ley presentado en el Congreso, cuyo objetivo consiste en tratar de restaurar la prohibición de los juegos de azar online en todo el territorio norteamericano.
Dicha organización de legisladores, presidida por Bruce Starr, senador de Oregon, decidió enviar una carta dirigida a los líderes del Congreso, pero con copia para todos los miembros del Parlamento. En ella señalaban que el Congreso debería «respetar la soberanía de los estados» en lo que respecta a la decisión de querer participar en el mercado del juego online.
La prohibición, que implica la reanudación de la «Wire Act», fue presentada el mes pasado por el senador Lindsey Graham, y el representante Jason Chaffetz, miembro republicano por el estado de Utah.
«Los Estados han demostrado su eficacia en la regulación de la industria de los juegos de azar, sin embargo, este proyecto de ley busca declararles negligentes en su responsabilidad para con la industria y los consumidores. Este intento de promulgar una prohibición a nivel nacional de los juegos de azar online con la restauración de la Wire Act, no es más que una solución tratando de buscar un problema«, afirma la carta.
El proyecto de ley tiene por objeto restablecer la ley federal que prohibía todas las formas de juegos de azar online. No obstante, el Departamento de Justicia declaró en diciembre de 2011, que la Wire Act originaria, únicamente afectaba a las apuestas deportivas, hecho que provocó el interés de los Estados y los casinos en los proveedores de tecnología, con el objetivo de explorar los mercados online.
Actualmente, Nevada, Nueva Jersey y Delaware han legalizado el juego online en sus respectivos territorios, y otros 10 Estados más están en proceso de regular dicha modalidad. Sin embargo, otros territorios como Utah y Maine, optaron por tomar medidas para prohibir el juego online, algo a lo que la carta anteriormente mencionada, también quiso hacer referencia.
«Este es el modo en que debería funcionar, cada estado debe disponer de la potestad necesario para tomar la decisión que mejor se adapte a los deseos de sus ciudadanos, y no estar obligados a través de un mandato del Congreso«.