La ONCE ha elaborado un informe en el que revela el impacto causado por el juego ilegal en Andalucía, un fraude que, según la propia organización, ha acumulado más de 40 millones de euros durante 2013, lo que representa el 48% del volumen total generado en España, donde se han alcanzado unos 84 millones. De este modo, Andalucía es la región en la que existen más vendedores ilegales, superando los 1.200 durante el año pasado.
Patricio Cárceles, delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha sido quien ha presentado este miércoles los resultados de este estudio junto a José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno andaluz, y Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, quienes han señalado que «en 2011 las ventas ilegales alcanzaban los 26,3 millones, por lo que se ha producido un aumento del 53% en tan sólo dos años«.
Estas cifras han provocado que las organizaciones mencionadas anteriormente, hayan puesto en marcha un plan para frenar el desarrollo de una actividad que supone «una competencia desleal y clandestina, además de ser un fraude a la hacienda pública«.
Se trata de un convenio de cooperación cuyo objetivo consiste en fortalecer la defensa del consumo responsable y la lucha contra el fraude del juego ilegal. En el acuerdo se establece la creación de un observatorio y una comisión de seguimiento de la lucha contra el fraude del juego ilegal.
De este modo, Cádiz se posiciona como la primera provincia de Andalucía en juego ilegal, con el 65% del total; seguida de Málaga con un 22,97%; y Sevilla con un 5%.
Por su parte, Cárceles ha querido mostrarse muy crítico con el juego ilegal, calificándolo de ser «una lacra que se aprovecha lamentablemente de las personas más vulnerables. La iniciativa para combatir el fraude en Málaga, debe servir como ejemplo para el resto de Andalucía«.
En la misma línea de preocupación se mostró el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno, quien apuesta por reforzar el control sobre aspectos como el sorteo o la impresión, ya que entiende que estos factores resultan fundamentales para perseguir este tipo de actuaciones, a la vez que destaca la importancia de la actuación gubernamental.