El Gobierno de Argentina, a través de la Asociación Federal de Ingresos Públicos (AIFP) ha confirmado su decisión de suspender la entrada en vigor del llamado Registro de Operadores de Juegos de Azar, lo que supone un varapalo severo para las compañías de juego online que pretendían establecerse en el país sudamericano, ya que les obliga a adaptarse a un severo control estatal antes de poder comenzar a desarrollar sus actividades.
La noticia, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del país, detallaba como el Gobierno argentino paralizaba sine die la aprobación del cronograma mencionada, hasta que pudiera garantizarse el correcto funcionamiento de los correspondientes sistemas informáticos que permitieran la operatividad de dicho régimen.
El Gobierno argentino decidió diseñar el Registro de Operadores de Juegos de Azar, así como los regímenes de información vinculados al desarrollo de la actividad de los juegos de azar (cuya articulación se realiza en el propio país), con el objetivo de acceder y disponer de toda la información relacionada con las actividades económicas llevadas a cabo por estas empresas de juego online, mediante sistemas informáticos creados para tal fin.
Según lo establecido en la información publicada en el Boletín Oficial, concretamente, en el inciso «c» del punto 1 del Anexo II de la Resolución General 3.510, «la obligatoriedad de disponer con la habilitación proporcionada por la autoridad competente, deberá ser un requisito necesario e ineludible para aquellos sujetos obligados a acatar dicho régimen, según lo establecido en la propia resolución«, y que en el supuesto caso de que el sujeto obligado no disponga de la habilitación correspondiente proporcionada por la autoridad competente, la Administración Federal se verá obligada a proceder a la inactivación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T).
En líneas generales, esto supone que las compañías de juego online que tributen en paraísos fiscales, tales como Gibraltar, y no coticen en Argentina, no recibirán la autorización correspondiente para poder operar en dicho país, por lo que en el caso de que sí deseen operar, estarán obligadas a pasar un auditoría financiera y demás controles económicos llevados a cabo por la Institución tributaria argentina.