Tras haber padecido más de 90 enmiendas durante su tratamiento, la Junta General del Principado ha decidido aprobar finalmente por unanimidad una Ley de Juego y Apuestas para Asturias, una regulación que comenzó a tramitarse hace ya un año y que ha sido objeto de modificaciones tras las comparecencias de diversos expertos y grupos vinculados al sector.
De este modo, la nueva norma aprobada contempla la elaboración, por parte del Gobierno del Principado, de un programa para la prevención de la ludopatía, estableciendo la obligación de colaborar con las asociaciones de afectados.
Del mismo modo autoriza la realización de partidas de bingo organizadas por clubes deportivos, siempre que la cifra de apuestas mensuales no supere los 25.000 € ni tampoco que se organice más de tres veces por semana. En este sentido, restringe esta actividad a una franja horaria situada entre las 16:00 y las 00:00 horas, limitando los posibles ingresos obtenidos por los clubes organizadores al 30% de sus ingresos ordinarios, además de establecer el precio de un euro como máximo para la venta de cada cartón de participación.
La Ley autoriza la organización de loterías familiares a centros sociales de personas mayores, aplicando las mismas restricciones que en el caso de los clubes deportivos y con un precio del cartón limitado a un máximo de 0,10 euros.
El texto establece además el régimen de tributación para los casinos instalados en Asturias, aunque concede a la única empresa de este tipo que opera en el Principado, la posibilidad de acogerse a la tarifa reducida, en el caso de que haya mantenido a su plantilla media durante el año 2013, respecto a la media de los diez primeros meses de 2012.
Respecto al juego compulsivo, la norma establece que el Gobierno tendrá un plazo máximo de 18 meses para elaborar el mencionado programa para la prevención de la ludopatía, contando para ello con las asociaciones más representativas. Entre las medidas a adoptar destacan la creación de campañas informativas y preventivas, la inclusión en los contenidos curriculares de todos los niveles educativos de los riesgos de la ludopatía, la limitación de la publicidad del juego y una partida económica suficiente para poder llevar a cabo las inspecciones necesarias, así como para el tratamiento y rehabilitación de los ludópatas.