Bankia obligada a devolver 200.000 euros a un agricultor de Castellón

Un juzgado de Primera Instancia de Valencia, concretamente el número 11, ha estimado la demanda interpuesta por un agricultor de 66 años de la provincia de Castellón a Bankia, declarando nulo el contrato de compra de obligaciones subordinadas por valor de 200.000 euros, alegando “error esencial en el consentimiento”, es decir, el cliente no comprendía adecuadamente la complejidad del proceso financiero, y por lo tanto, la firma del contrato no es válida.

Bankia ha sido condenada, además, a pagar las costas del procedimiento judicial, sin embargo, el agricultor tendrá la obligación de devolver los importes recibidos en forma de intereses o cupones, obtenidos a causa de la compra de dichas obligaciones subordinadas.

La compra de obligaciones subordinadas tuvo lugar en octubre de 2006, cuando el cliente, pensando en que adquiría un depósito a plazo fijo, sin ningún tipo de riesgo y recuperable en cualquier momento, aceptó entregar a la entidad financiera un importe de 200.000 euros.

Posteriormente, cuando quiso disponer de una parte del capital entregado, unos 6.000 euros para poder realizar un viaje, empleados de Bankia le comunicaron que no podría tener acceso a él hasta el año 2022.

Además y según la declaración del propio agricultor, Bankia tampoco le informó del canje de acciones que ofreció la entidad en marzo de 2012.

Según Bankia, al cliente se le informó debidamente de las características del producto que adquiría, así como de los riesgos que conllevaba.

Además y según lo alegado por la entidad, el agricultor, a pesar de ser autónomo, disponía de un gran patrimonio inmobiliario, habiendo realizado también otra serie de inversiones posteriores a la adquisición de las obligaciones subordinadas juzgadas, por lo que conocía perfectamente el funcionamiento de la operativa financiera aplicada en este tipo de actividades.

En resumen, el juez ha considerado probada la falta de preparación técnica del cliente en el ámbito de las inversiones financieras, así como la constatación de un abuso claro de confianza entre el agricultor y el empleado de su oficina bancaria.