Betfair está empezando a recoger los beneficios obtenidos gracias a los cambios introducidos en su política económica, enfocados principalmente a la reducción de costes y a la atracción de un mayor número de apostantes en los mercados mejor regulados, como por ejemplo, Reino Unido e Irlanda.
Betfair se ha visto obligada a defender la estrategia adoptada tras haber rechazado una propuesta de adquisición de más de 1.500 millones de euros, por parte del fondo de inversión privado CVC Capital Partners, el pasado mes de mayo.
Así pues, los ingresos de Betfair en los últimos 3 meses han caído un 13% (más de 106 millones de euros) lo que ha supuesto que la compañía haya decidido retirarse de mercados complejos, y en su opinión mal regulados, como Grecia, Alemania, Chipre o España, donde los obstáculos legislativos y regulatorios eran excesivamente costosos.
Sin embargo, la rentabilidad subyacente ofrecida por el indicador EBITDA (beneficios antes del pago de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ha resultado ser positiva, incrementándose en un 16% (casi 30 millones de euros), debido principalmente a la aplicación de un programa de reducción de costes en el que, por supuesto, se adoptó la medida de despedir a 500 trabajadores de un total de 2.300.
De este modo, Betfair se convierte en uno de los principales rivales de William Hill, empresa hegemónica del mercado de apuestas deportivas británico, y de Paddy Power, plataforma online irlandesa nacida en el año 2000 y que revolucionó el juego de azar online al permitir a los usuarios apostar unos contra otros.
Centrándonos en el principal mercado de Betfair, Reino Unido, la compañía anunció que, desde el pasado mes de agosto, coincidiendo con el inicio de la temporada futbolística, el número de clientes apostantes había aumentado en un 26%.
Sin embargo, como contraposición a este dato, la realidad es que las compañías de juego online británicas se enfrentan a la aprobación de un proyecto de ley, el cual, posiblemente se apruebe en diciembre de 2014, y que supondrá unas pérdidas de más de 350 millones de euros, ya que impedirá que este tipo de empresas evadan impuestos radicando su sede en Gibraltar.