La reapertura del caso Faisán no perjudicó la campaña electoral de Rubalcaba, gracias a la “pasividad” de la Fiscalía, la cual, retrasó el envío de la documentación pertinente al juez Pablo Ruz, por lo que no se pudieron iniciar nuevas investigaciones y tomar declaración a los testigos.
El pasado 21 de septiembre, los 14 magistrados de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tomaron la decisión de revocar los procesamientos, dictados por el juez Pablo Ruz, de los tres altos mandos policiales Víctor García-Hidalgo, Enrique Pamiés y José María Ballesteros, por su presunta implicación en el “chivatazo a ETA” en mayo de 2006.
Quince días después, los jueces redactaron el auto correspondiente con susconclusiones, instando al propio Ruz a tomar una decisión sobre el caso.
“Abrir un juicio oral y tramitar la instrucción a los juzgados de Irún, o ampliar la investigación realizada hasta ese momento, calificada por algunos de dichos magistrados como inconsistente“.
Pues bien, el juez de la Audiencia Nacional solicitó el envío urgente del auto elaborado en la Sala de lo Penal, con el objetivo de reabrir la investigación del “chivatazo a ETA“, centrándose en las pesquisas policiales señaladas como “contradictorias“, por parte de los magistrados.
No obstante, a Pablo Ruz le ha resultado imposible iniciar cualquier nuevo movimiento en el último mes, ya que su petición no fue atendida por la Fiscalía hasta la semana pasada, cuando por fin decidió enviar al juez la documentación necesaria.
Concretamente, el auto no estuvo en sus manos hasta el miércoles 16 de noviembre, apenas cuatro días antes de las elecciones generales. Desde entonces, el magistrado se encuentra estudiando el documento para poder iniciar la reapertura de la investigación, en las próximas semanas.
Veamos ahora cómo resulta bastante “sospechoso“, un retraso de tanto tiempo en un caso de tal magnitud, y cómo desde diversas fuentes judiciales confirman que dicho retraso, se debió única y exclusivamente, a un favor político de la Fiscalía General, la cual, no deseaba que este escándalo interfiriera en la campaña electoral de Rubalcaba, salpicando también a Antonio Camacho, ministro de Interior.
Fuentes judiciales consultadas por Espanah24, han asegurado que “en este caso en concreto, ha existido un retraso manifiesto y demostrable en la entrega del auto judicial, ya que normalmente, no se suele tardar más de siete días en enviar ese tipo de documentación desde el momento en que solicita“.
“De modo que el juez Pablo Ruz tendría que haber recibido las conclusiones de la Sala de lo Penal, el 11 de noviembre como muy tarde“, añaden.
De haberse cumplido los plazos habituales, “el auto tendría que haber llegado en plena campaña electoral, por lo que la reapertura de la investigación (un secreto a voces en la Audiencia Nacional) se habría anunciado días antes del 20-N“.
La celebración de las elecciones generales fue, en opinión de las fuentes anteriormente citadas, el único y el principal motivo del retraso en la tramitación del auto, y que obligó de manera voluntaria o involuntaria, a que el ministerio fiscal optase por obviar sus responsabilidades.
“Ha quedado evidenciado que la Fiscalía no deseaba que se volviese a hablar del caso Faisán justo antes de que tuvieran lugar los comicios generales, sobre todo cuando Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior cuando se produjo el chivatazo a ETA, era uno de los candidatos que optaba a la presidencia del Gobierno“, concluyen.