La cada vez más probable implantación del “Copago Judicial”, una tasa que obliga a las partes en litigio a financiar el coste de la Administración de justicia, de forma similar a lo que ocurre en la atención sanitaria, ha desatado la polémica en la clase política valenciana.
Alberto Fabra, nuevo President de la Generalitat Valenciana, ha afirmado que todavía no se puede asegurar que esta tasa vaya a convertirse en realidad, aunque no ha descartado que pueda aplicarse en un futuro no muy lejano.
Estas declaraciones se contraponen con las realizadas por Jorge cabré, consejero de Justicia y Bienestar Social, quien aseguraba que esta tasa agilizaría el funcionamiento de la justicia y limitaría el número de casos llevados a juicio.
Dentro de la cúpula del Partido Popular se teme que este tipo de medidas perjudiquen seriamente las aspiraciones del partido de cara a los próximos comicios, sabiendo que el único tema fundamental hasta el 20 de noviembre, es el posible resultado de las Elecciones Generales.
Sin embargo y aunque la mayoría de voces autorizadas se oponen de plano a esta medida, los principales responsables de la implantación de dicha tasa argumentan que debe debatirse a fondo la cuestión, debatir los casos en que se aplicaría y los casos en que no, teniendo en cuenta además otros factores y estableciendo que procesos requieren de dicha tasa en mayor o menor medida.