El FROB ha dado la orden a todas aquellas cajas de ahorros que hayan sido intervenidas o nacionalizada para que ejecuten sin piedad, las demandas de desahucio de todos aquellos clientes morosos que no puedan hacer frente al pago de la hipoteca. Ya no podrán negociar directamente con los clientes para la refinanciación de la deuda y así recopilar toda la información posible sobre los bienes inmuebles que dará salida el futuro Banco Malo.
A finales de 2011, se creó la figura del “mediador de morosos” en las principales entidades financieras españolas, el cual, ofrecía a los deudores la posibilidad de pactar acuerdos de refinanciación para sus hipotecas e impedir, de ese modo, nuevos embargos y que se incrementara el stock de pisos a los que no podían darle ningún tipo de salida.
Bajo este sistema, los bancos y cajas cobraban cantidades muy inferiores a las estipuladas en el contrato hipotecario, por ejemplo, si se había acordado un pago mensual de 1.000 euros, aceptaban el cobro de 400 euros durante cinco años como máximo, o hasta que el cliente pudiese mejorar su situación financiera.
Pues bien, a partir de ahora, las cajas que se encuentren intervenidas o nacionalizadas ya no podrán realizar este tipo de mediaciones con sus clientes, ya que el FROB, organismo poseedor de la mayor parte de las acciones de dichas entidades, ha dado la orden de ejecutar las demandas de desahucio de forma inmediata, para todos aquellos ciudadanos que no puedan abonar el total de su hipoteca.
“Ahora estas cajas sólo pueden negociar una refinanciación en aquellos casos en los que esté seguro de cobrar, ya que en el resto se están acelerando las solicitudes de desahucio“, comentan fuentes expertas bancarias.
El objetivo de esta medida consiste en disponer, lo más pronto posible, de todos los informes sobre aquellos bienes inmuebles que posean todas las cajas dirigidas por el FROB, para que así el nuevo Banco Malo asimile la deuda de estas viviendas embargadas e intente darles salida al mercado, a partir de diciembre.
Además, cabe señalar que desde la última reforma del sector financiero aprobada por el PP, los ciudadanos estamos obligados a “poner el valor de esos bienes a los que no conseguimos dar salida como gastos“, por lo que “resulta imposible negociar por otras viviendas que supongan pérdidas y que dificulten un saneamiento que sí puede resultar posible con la retirada de estos activos tóxicos hacia la nueva entidad estatal que diseñe el Gobierno para dicho objetivo“, es decir, el Banco Malo.