El impuesto sobre las transacciones bancarias, anunciado este martes por Merkel y Sarkozy, Presidentes del Gobierno alemán y francés respectivamente, fue el protagonista de todos los debates económicos en Europa.
Salvo giro radical de última hora, tiene todas las posibilidades de ser definitivamente rechazado y quedarse en un brindis al sol.
Según la normativa europea, la aprobación de un nuevo impuesto a nivel europeo debe ser aprobado unánimemente por los 27 miembros que configuran la Unión Europea, por lo que la negativa de Reino Unido y de Suecia, además de la del BCE, que se da por descontado, ha provocado que dicha propuesta no consiga la legitimidad necesaria para ser llevada a cabo.
El motivo aducido por Reino Unido para su oposición radica en que el Gobierno británico ya presenta su propio impuesto sobre las transacciones, “Stamp duty” (impuesto de la Reina), y que al considerarse el centro financiero de Europa, entienden que dicha tasa les resultaría demasiado perjudicial.
Por su parte, Suecia ha declarado que la su país ya introdujo un impuesto similar a principios de los 90, lo que provocó un descenso del 85 % en el volumen de las transacciones.
Según las estimaciones realizadas por la propia Comisión Europea, con la aplicación de este impuesto podría haberse llegado a recaudar unos 200.000 millones de euros, que habrían ayudado a sanear las maltrechas financias públicas europeas, nunca intentar acabar con la especulación de los mercados y menos, destinar esas ayudar a la lucha contra el hambre en el mundo o el cambio climático.