Hace un par de semanas, la revista IURIS&LEX publicaba un interesantísimo reportaje sobre la necesidad de aplicar métodos de mediación extrajudiciales, que pudieran aliviar el grave problema social que azota a España y que no ha parado de crecer desde que se iniciase la crisis inmobiliaria, el embargo de viviendas.
Entre dichos métodos, nos encontramos con el aplazamiento de pagos, la condonación parcial de la deuda contraída, en aquellos casos en los intereses de las cuotas fueran abusivos, y por supuesto, la dación en pago.
Observando el panorama actual, y el que se aproxima, el Colegio Nacional de Secretario Judiciales solicitó al ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, que aprobara una serie de reformas legales que pudieran garantizar unos criterios fiables en la tasación pericial de fincas, a través de la creación de sociedades de tasación realmente independientes o la aprobación de normativas que aseguren la transparencia informativa y protejan al deudor hipotecario frente a cualquier posible abuso llevado a cabo por una entidad financiera.
En este último caso, tendríamos como ejemplo la necesidad de contratar un seguro de cobertura hipotecaria, por el cual y en caso de impago por desempleo u otra situación de necesidad similar, se garantizasen periodos de carencia en la amortización de los pagos.
Además y en este mismo sentido, también se propuso una regulación específica en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, lo que se ha denominado “Ley de segunda oportunidad”, y que tiene como objetivo garantizar la vivienda a aquellas personas que carezcan de cualquier ingreso y que se encuentren en peligro de exclusión social total.
En resumen, el estamento judicial está completamente sensibilizado con el problema de los embargos de vivienda y los desahucios, y por tanto, pretenden aportar soluciones que protejan al eslabón más débil de la cadena y sirvan de alternativa a la legislación vigente.