Daniel J. Angulo y María Pilar Paredes, profesores de FP de grado superior, han conseguido entregar más de 30.000 firmas en el Registro de la Consejería de Educación, en contra de la supresión de los conciertos de la FP superior concertada en la Comunidad de Madrid, a través de una iniciativa de petición online.
Ambos profesores iniciaron el pasado 22 de febrero una petición online a través de la plataforma “Change.org”, con el objetivo de reclamar a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, y Lucía Figar, consejera de Educación, que mantuvieran vigentes los conciertos de FP de grado superior en la región.
El origen de la protesta radica en que el Gobierno regional pretende suprimir el concierto económico a 50 centros de FP de grado superior, donde cursan sus estudios más de 6.500 alumnos, lo que supondría un incremento sensible en el coste del Ciclo Formativo y que se sumaría al aumento de las tasas aprobado recientemente por la Comunidad.
En palabras de ambos representantes, “el Gobierno madrileño ha escogido el peor momento para suprimir estas ayudas, ya que debido al periodo en el que nos encontramos, la Formación Profesional hace falta más que nunca, ya que es una formación altamente reconocida por parte de las empresas”.
“Como profesionales de la educación que somos, estamos en contacto directo con la realidad de estos estudios, pudiendo asegurar que aproximadamente el 80% del alumnado que finaliza alguna de estas titulaciones, consigue insertarse en el mercado laboral”, añaden.
En su opinión, “retirar las ayudas públicas a la Formación Profesional superior, mediante los acuerdos de concierto económico, supondrá que los centros deberán empezar a cobrar a los alumnos entre 300 y 400 euros mensuales, hecho terriblemente perjudicial, ya que por un lado, atentará contra el derecho constitucional de la libertad de elección, y por otro, supone un nuevo recorte a la educación pública, ya que los fondos destinados en un principio a los conciertos, no revertirá en otras actividades educativas”.
Por último, tanto Angulo como Paredes, han querido dejar claro que como consecuencia directa de lo anterior, “la Comunidad de Madrid está claramente impidiendo el acceso de los alumnos a los ciclos superiores de Formación Profesional, debido a que los centros públicos no disponen de la capacidad necesaria para absorber la alta demanda existente, de modo que sólo aquellos con suficientes recursos para matricularse en un centro privado, podrán acceder a la FP”.