La alcaldesa de La Línea de la Concepción, ha “dado el visto bueno” al proyecto de expansión del aeropuerto de Gibraltar, mediante el que pretende anexionarse numerosas parcelas de terreno pertenecientes al municipio gaditano.
El primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, comunicó a la alcaldesa, Gemma Araujo, la petición de poder “utilizar terrenos ubicados en el término municipal de La Línea”, localizados en la zona norte de la verja que fronteriza el territorio del Peñón.
Para así poder “ampliar el aeropuerto de la colonia”, mediante la creación de una instalación logística orientada a al servicio y el funcionamiento de la terminal.
El objetivo gibraltareño radica en expandir, a través de estas mejoras, el comercio de importación y exportación por vía aérea, uno de los principales motores económicos del Peñón.
Caruana prometió a cambio de dicha concesión, ofrecer puestos de empleo a parados linenses, además de crear un acceso a la terminal desde el territorio español anexionado, el conocido como “Acceso Norte”.
La ampliación del aeropuerto, al norte de los límites del Peñón, obligará a que el trazado actual de la verja que separa a España de Gibraltar se vea alterado, “proporcionando más territorio a Gibraltar, por lo menos hasta el Acceso Norte de la terminal”, han confirmado fuentes urbanísticas consultadas.
Dichos cambios, añaden, “supondrían la pérdida de los actuales límites territoriales, entre los 500 y los 600 metros, que España renunciaría en favor de Gibraltar”.
Veamos ahora como tanto el Ejecutivo español como las instituciones públicas pertinentes, han reaccionado ante dicha propuesta y cómo han reaccionado, ante el avance del proyecto.
Fuentes consultadas han advertido que los terrenos afectados “se encuentran pendientes de calificar por parte de la Administración Pública”.
Por dicho motivo, Gemma Araujo, alcaldesa de La Línea, declaró en el Ayuntamiento “la inminente elaboración de un informe territorial, que será enviado en las próximas fechas al ministerio de Fomento y a AENA, quienes realmente poseen la responsabilidad para proporcionar la licencia aeroportuaria requerida”.
Estas mismas fuentes han querido recordar que en 2006, con la firma de los llamados Acuerdos de Córdoba, entre el Gobierno socialista de Zapatero y Gibraltar, se calificó la terminal aérea del peñón como “un aeropuerto militar disponible también para uso civil”.
Desde ese momento, la actividad comercial en las instalaciones “no ha cesado de aumentar, lo que ha constituido un grave problema para la actividad de los aviones militares, en teoría con permisos prioritarios”.
Por dicho motivo, “la expansión territorial de la terminal resultaba fundamental para los intereses del Peñón, que requieren del uso del suelo español, para sacar adelante el proyecto”.
La decisión apalabrada por la alcaldesa de La Línea no ha sido, por el momento, “paralizada administrativamente” por el Gobierno.
Pese a que Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores, había mostrado en privado su preocupación por la “confianza” que la dirigente socialista Araujo, estaba entablando con las autoridades gibraltareñas.
Sin embargo, la pasividad del Gobierno español con las “actitudes hostiles” de la Colonia no son nuevas, ya que en agosto de 2010, cuando Gibraltar envió una carta náutica a la UE, en donde la colonia británica se “atribuía en su totalidad, la posesión de las aguas del Estrecho”, el Ejecutivo no realizó ningún tipo de protesta o réplica institucional respecto a este episodio.