Agentes de la Policía Nacional, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, ha comunicado la intervención de un total de 28.800 boletos de lotería ilegal que iban a ser vendidos en la ciudad de Granada y que habría supuesto un fraude fiscal cercano a los 60.000 euros.
Los cupones de lotería iban a ser distribuidos por la OID (Organización Impulsora de Discapacitados), entidad que no disponía de la autorización correspondiente para la organización de este tipo de sorteos, según informó en un comunicado el Gobierno andaluz.
Durante el pasado año, estos mismos agentes consiguieron incautar más de 1.700 boletos de sorteos ilegales en toda la provincia.
Sandra García, delegada del Gobierno andaluz en Granada, ha querido felicitar a los agentes de la Policía por su actuación, así como al servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno, el cual, procederá a abrir un expediente sancionador a los responsables por el desarrollo de esta actividad de juego ilegal.
También ha querido destacar el papel desempeñado tanto por la Policía como por los inspectores de la Junta que realizan funciones de vigilancia y de prevención, los cuales, tienen como principal objetivo evitar que se cometan infracciones de estas características. «Como parte de su labor disuasoria, proporcionan información de la normativa vigente y de las repercusiones que acarrea su incumplimiento«, afirmó García.
Así pues, esta unidad de Policía dedicada a la lucha contra el juego ilegal en la provincia de Granada, ha conseguido durante 2013 intervenir 1.702 boletos de lotería ilegal, así como denunciar a un café bar que organizaba partidas de poker y ruleta de modo fraudulento. También consiguieron inspeccionar unas 1.971 máquinas recreativas, de las cuales, levantaron 143 actas de denuncia que supusieron el precinto de 18 de ellas.
García ha querido recordar que «el juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento obligatorio de una normativa estricta, por lo tanto, los locales y las personas que organizan actividades fraudulentas de juego, perjudican no sólo a los establecimientos y entidades que sí acatan y cumplen la legislación, sino que también, supone un grave menosprecio al erario público, ya que no efectúan el pago de las tasas y los impuestos correspondientes«.