La necesidad de incrementar la recaudación fiscal con los impuestos procedentes del juego, ha obligado a Portugal a acelerar la decisión sobre la regularización del juego online, el cual, lleva en la cartera de los políticos portugueses desde hace más de 2 años, sin que nadie se atreviera a dar un paso al frente, y definitivamente se discutiera para su aprobación.
La falta de acuerdo entre Gobierno y oposición, así como la dificultad en la implementación de un modelo que respetase el actual, el cual, se articula como un monopolio estatal donde la organización del juego público recae en manos de la Santa Casa da Misericordia de Lisboa (SCML), han evitado hasta el momento que las iniciativas en referencia a este asunto, pudieran salir adelante.
De acuerdo al texto preparado por el Grupo Social Democrático Portugués (PSD) en el 2013, los mercados del juego online y de las apuestas deportivas deberían ser gestionados en su totalidad por la SCML, mientras que las apuestas de caballos quedarían bajo el control de Turismo de Portugal, un organismo creado dentro del Ministerio de Economía portugués.
Duarte Pacheco, vicepresidente de uno de los dos partidos del gobierno de coalición en Portugal, declaró que «el asunto es extremadamente importante, por lo que requiere de un debate propio«.
No obstante, y según apuntan numerosos expertos, será la «Troika» (BCE y FMI) quien tome la última decisión en un asunto de esta importancia para la economía del Estado portugués, ya que actualmente es quien la supervisa y gestiona, por lo tanto, todo hace indicar que, finalmente, la regulación del juego online en Portugal se llevará a cabo.
A Pedro Passos Coelho, presidente de Portugal, se le están acabando las medidas para reducir el déficit de su país, los ciudadanos no pueden soportar más ajustes financieros sobre el Estado, por lo que la fiscalización del juego online resulta una sencilla e importante vía de escape.
Así pues, el Primer Ministro ha decidido anunciar que la nueva regulación propuesta para el juego online se convertirá en ley en pocos meses, dando por finalizado el debate político al respecto.
La carga fiscal que se impondrá a los operadores rondará entre el 15 y el 25%, con los que se estima que el Estado podrá recaudar unos 250 millones de euros, tal y como se constata en el informe sobre el juego online que se realizó en 2011.