La UE y el AMDL contra el fraude fiscal en el juego online

El Parlamento Europeo ha decidido votar y aprobar el primer proyecto de legislación contra el blanqueo de dinero modificado, el AMLD. Los principales motivos que han llevado al Parlamento de la UE a elaborar y a aprobar el proyecto de ley enmendado, radican en la evasión de impuestos a través de los juegos de azar, y como en algunos casos, dicho capital puede fluir a fondos de inversión controlados por organizaciones terroristas.

El AMLD pretende garantizar que los propietarios finales de los fideicomisos y las empresas tendrán la obligación de figurar en los registros públicos de los países de la UE. De este modo, el hecho de obligar a que los propietarios reales de estas empresas cotizantes deban quedar inscritas en un registro estatal y europeo, muchas empresas ya no disfrutarán de la posibilidad de ser controladas por propietarios anónimos, los cuales, en la práctica totalidad de las ocasiones evadían impuestos a las Haciendas públicas, o estaban asociadas con algún tipo de organización criminal.

Esta acción legislativa seguramente vaya a molestar a las directivas de muchas empresas relacionadas con los juegos de azar y, concretamente, a muchos propietarios de este tipo de empresas que hasta ahora disfrutaban de los enormes beneficios económicos que les suponía el anonimato en la dirección de dichas compañías.

Por su parte, la Asociación Internacional de Empresas del Juego Online, es decir, la RGA, ha cuestionado severamente el proyecto AMLD, afirmando que la Industria de los juegos de azar online puede convertirse en víctima de una persecución criminal, sin que se haya demostrado su culpabilidad. Así pues, a través de un comunicado, la RGA aseguró que «la industria del juego online ha destacado siempre por disponer y aplicar prácticas rigurosas de control sobre el lavado de dinero y otras prácticas económicas delictivas«.

A pesar de todo el revuelo montado alrededor del AMLD, este proyecto de ley tiene todavía un largo camino por recorrer antes de poder convertirse en ley, hecho que ha derivado en la propagación de rumores acerca de que podría retrasarse más de lo estimado, e incluso, rechazarse finalmente a causa de las presiones ejercidas por la industria sobre los parlamentarios.