El periodismo de guerra ha cambiado en los últimos años, los medios de comunicación se han visto obligados a contratar servicios de seguridad privada para su propia supervivencia en conflictos como el de Libia.
Todo comienza cuando un medio de comunicación contacta con un contratista de seguridad privada y le comunica su intención de acudir a un conflicto bélico sobre el que tiene que informar.
En ese momento, la empresa de seguridad inicia un plan de trabajo, en función de las peticiones del cliente, donde el equipo de trabajo contactará con colaboradores asentados en la zona del conflicto, para que realicen los informes correspondientes, enviando personal específico a la zona, de manera que compruebe la situación que se vive en el país.
En el caso concreto de Libia, cuando el medio de comunicación y el servicio de seguridad privada han llegado a un acuerdo, la “escolta” personal de los periodistas se pone en marcha.
Según Jon Morales, Director de Operaciones de SSO Group, el operativo más barato desplegado para Libia tiene un coste cercano a los 40.000 dólares al mes.
Dicho “paquete de seguridad” se compone de un grupo mixto de cuatro personas (acompañando en todo momento a los periodistas), formado tanto por occidentales (muchos de ellos españoles) como por personal autóctono, que normalmente son miembros de las fuerzas de seguridad de la nación en conflicto.
El precio del servicio de seguridad también incluye el apoyo de personal de la empresa desde fuera del país y la asistencia logística relativa a comunicaciones, armamento y medicamentos que se necesitasen en un determinado momento.
Además, todos los periodistas o personal relevante incluido en el contrato, recibirá un breve cursillo de autoprotección, que incluye nociones de seguridad operativa y protocolos relacionados con el dispositivo pactado previamente con el medio de comunicación.
Cabe señalar que estas empresas de seguridad privada basan su actividad mediante la aplicación de un código ético, ajustando sus actuaciones a la normativa vigente existente en las regiones desde la que operan.
Sus principios profesionales no le permiten, por ejemplo, realizar contratos para gobiernos corruptos o apoyar deliberadamente a una de las partes activas en el conflicto.