El proyecto de ley para regular el juego online en Portugal será entregado al Parlamento luso, para su posterior debate y aprobación antes de la conclusión de la sesión legislativa que se extenderá hasta el próximo 10 de julio.
El texto final de la iniciativa ha salido del Ministerio de Economía, responsable de su elaboración, e incluye además de las normas que legalizan el juego online, aquellas inherentes a las apuestas deportivas, según señala el periódico portugués Diario Económico.
En una sesión de la Cámara de la semana pasada, el Ministro de Asuntos Parlamentarios, Marques Guedes, señaló que «la intención del Gobierno es la de presentar el proyecto en este periodo legislativo, reservándose de este modo el derecho a programar una sesión plenaria, que permita discutir el tema fuera de las sesiones ya previstas«.
La legalización del juego online en Portugal se pospuso sucesivamente desde los gobiernos de José Sócrates, siendo el viceprimer ministro Paulo Portas, quien el año pasado apuntó a esta posibilidad como una fuente de ingresos fiscales necesarios para los presupuestos del año que viene.
A pesar de que el borrador final del proyecto de ley ya ha sido aprobado por el Ministerio de Economía, el Consejo de Ministros afirmó que «el asunto todavía no está cerrado, ya que se deben aclarar todavía determinados aspectos sobre las potestades de los organismos públicos concretamente, la del Tesoro«.
En este sentido, la cuestión central siempre ha estado relacionada con el hecho de conceder las licencias a empresas de apuestas online como Betfair o Bwin, en contraposición con la exclusividad defendida por la Santa Casa da Misericordia, empresa pública que ejerce el monopolio del juego presencial en el país.
Así pues, el Ministerio de Economía sostiene que «no habrá apertura en el tema de la concesión de licencias, ya que sólo de este modo, el Estado obtendrá ingresos considerables«.
Por último, cabe mencionar que en el último año circuló un proyecto de ley procedente del Partido Social Demócrata y el Centro Democrático Social, que abogó, entre otras cosas, por un impuesto especial a los juegos de azar del 15% al 20% sobre los ingresos brutos, medida que finalmente no se llevó a cabo.