La Audiencia Provincial de Teruel juzga este miércoles a un matrimonio natural de Gambia por haber realizado o consentido la ablación a su hija, convirtiéndose así en el primer caso de mutilación femenina que llega a la justicia en Aragón, y uno de los primeros en toda España.
“La fiscalía propone una pena de hasta 6 años de prisión para los progenitores de la menor”, según ha comunicado el abogado de la defensa, Félix Gil, quien solicita la libertad sin cargos de sus clientes.
La ablación ejercida sobre la niña se produjo presuntamente el año pasado, cuando la menor no había cumplido todavía un año.
Esta “intervención” consiste en la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos por motivos culturales y no médicos.
UNICEF calcula que 70 millones de niñas y mujeres han padecido la ablación en África, aunque en los últimos años, su práctica ha aumentado en Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos, a causa de la llegada de inmigrantes procedentes del centro del continente negro.
Dicha práctica puede provocar daños irreparables en la integridad física de quien la sufre, incluso la muerte, así como el contagio de sida y hepatitis, infecciones agudas y septicemia, entre otras muchas enfermedades.
A largo plazo es una de las principales causas de infertilidad, infecciones crónicas, relaciones sexuales extremadamente dolorosas y puede provocar complicaciones durante el embarazo y el parto, tanto para las mujeres como para los neonatos.
Por estos motivos, numerosas asociaciones humanitarias y ONG luchan contra esta práctica terrorífica, también perseguida en numerosos países europeos gracias a la firma del Convenio europeo para la lucha contra la violencia doméstica y hacia la mujer y su prevención.
En España, la mutilación genital femenina está penada con hasta 12 años de condena y la retirada de la patria potestad de la menor, a sus progenitores.