El Gobierno de Uruguay ha remitido al Parlamento un proyecto de Ley, por el cual, además de reformar por completo la legislación sobre los juegos de azar, provocará que cualquier persona que explote, comercialice o facilite el desarrollo de juegos de azar ilegales, pueda ser castigada con hasta 3 años de prisión.
Además, mediante este proyecto de ley, se ratifica el «monopolio del Estado» sobre la gestión de los juegos de azar y apuestas, entre los que se incluye a los casinos, las actividades hípicas, las loterías y las quinielas, en cualquiera de sus modalidades y juegos derivados, así como a los juegos de azar ejecutados de forma online.
Según el propio gobierno, el objetivo de este proyecto de Ley consiste en «constituir un marco legislativo integral en el que, además de especificarse los principios de acción del Estado en dicha materia, se reorganice la institucionalidad del mismo, diferenciando las responsabilidades de regulación, control y fiscalización de la explotación directa del juego por parte del propio Estado«.
Por esta razón, se creará la Dirección Nacional de Control de Apuestas y Juegos de Azar, la cual, se convertirá en la sucesora de la actual Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, y cuyo cometido consistirá, según el Gobierno, en «ejercer en nombre del Estado, el control y la supervisión de todo tipo de juego, apuesta, suerte, rifa o similares, en los que intervenga alguna administración pública o esté destinada al público en general«.
Dicha iniciativa también propone la creación de la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado, en sustitución de la actual Dirección General de Casinos, cuya función consistirá en la explotación directa del sector del juego por parte del Estado.
Según el propio Gobierno, «la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado tendrá domicilio legal en Montevideo, y dispondrá de la potestad para establecer y clausurar establecimiento en todo el territorio nacional«.
«Además, estará bajo su responsabilidad, la explotación y administración de casinos y establecimiento similares; la supervisión de los servicios complementarios a la explotación de juegos; la gestión del cambio de moneda extranjera; y la promoción de la actividad hípica a nivel nacional«, añadían representantes del gobierno uruguayo.